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Guindalera

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NOTA DE INTERÉS

Problemas al comprar un piso [PARTE 2]


Hace unos días, el juez tramitó al autor de esos comentarios y envió el caso a juicio. “Como consecuencia de los daños sufridos en su vivienda [los imputados] realizaron todo tipo de comentarios denigrantes [sic] sobre las entidades denunciantes en relación a la supuesta mala calidad de la vivienda en la que viven, atentando contra el buen nombre de las empresas denunciantes y tratando de causar el máximo daño posible a su reputación mediante la publicidad en las redes sociales ”, dice la orden del juez, publicada en el sitio web Facua.org. La publicidad "en las redes sociales" con toda probabilidad se refiere a un comentario en la noticia de Idealista donde se hablaba de "la promoción más techie de España", realizada con el mismo usuario del imputado y donde se enlazaba al hilo de nuevas vecinos .com. El usuario Diegoestudia ha eliminado ese comentario y el resto de sus mensajes en el foro newvecinos.com


Con esta operación, la promotora probablemente ya se ha ganado el silencio público de los propietarios de los apartamentos, aunque quizás en privado opten por otros caminos. Los compradores hipotéticos de los siguientes desarrollos, si los hay, tendrán más dificultades para conocer todos los detalles que los compradores quieren dar, ya que han visto cómo se encuentra un vecino en la corte. Este caso enfrenta directamente los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información: ¿dónde termina la libertad de una persona para opinar y comienza el honor de la persona afectada?


El equilibrio aparentemente está entre el honor de los criticados y la proporcionalidad, relevancia o veracidad de las afirmaciones. “El razonamiento de la acusación es el siguiente: primero, el imputado se quejó de su casa [lo cual es falso, ya que nunca habló de su casa]; segundo, un año después dicha casa le fue entregada y se encontraba bien, y tercero, por lo que cuando se quejó de la casa mintió a sabiendas, lo cual es un delito de calumnia. Pero, por supuesto, la premisa inicial es falsa ", dice David Bravo, abogado del acusado.


Tras un intercambio de correos electrónicos con este diario, los abogados de la promotora se han negado a dar declaración alguna sobre este caso. El proceso permanece secreto hasta que comienza el juicio.


La orden del juez habla de injurias, que solo implicarían una multa, que puede oscilar entre unos cientos de euros y unos miles, además de la indemnización. En la conciliación anterior, la fiscalía reclamó 50.000 euros por daños y perjuicios. Si la fiscalía también insiste en la difamación, la responsabilidad también es penal y puede oscilar entre seis meses y dos años.


Fuente ElPais.


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